Este artículo salió en Mundo Negro, y nos pone al día sobre la tarjeta azul. Como siempre, muy buena para nosotros, muy mala para ellos...
La Comisión Europea presentó oficialmente el pasado 23 de octubre la llamada “tarjeta azul”, destinada a facilitar la contratación de trabajadores altamente cualificados procedentes de fuera de la Unión Europea (UE). Si esta propuesta sale adelante –para ello necesita todavía la aprobación de todos los países miembros–, la UE pasaría a formar parte, con Estados Unidos, Canadá y Australia, del grupo de naciones que ofrecen facilidades y ventajas legales muy atractivas a científicos y técnicos nacidos y formados en países pobres, con objeto de atraerlos a las universidades e industrias de los países desarrollados y poder aprovechar así sus servicios.
La “tarjeta azul” está pensada para inmigrantes que tengan un diploma superior y hayan trabajado en su especialidad durante más de tres años. Con ella en vigor, si una empresa de la UE demostrase que no hay europeos para cubrir un determinado puesto, podría contratar a inmigrantes que acreditasen las dos condiciones anteriores. En ese caso, a cada inmigrante contratado –y a su cónyuge– se le concedería un visado de trabajo, junto con un atractivo sueldo de, al menos, tres veces el salario mínimo del país de acogida. Si al cabo de dos años el inmigrante continúa trabajando, su visado será sustituido por otro válido para toda la UE. Cinco años después ese permiso de residencia se volverá permanente y autorizará a sus familiares cercanos para instalarse en Europa. Con estas medidas, que, como es lógico, tienen un desarrollo mucho más matizado y preciso, se espera que los trabajadores especializados extranjeros se sientan a gusto en Europa, demuestren en la práctica su capacidad y puedan moverse con absoluta libertad en el mercado de trabajo de la UE.
El objetivo fundamental de la “tarjeta azul” es cubrir la creciente –y cada vez más difícil de atender– demanda de personal cualificado que padece la UE, mediante la contratación de personas originarias del llamado Tercer Mundo, aunque para ello haya que arrebatárselas a sus países de origen, que son quienes han costeado su formación. De paso, con los impuestos sobre tan sustanciosas retribuciones, se pretende contribuir al saneamiento de los fondos de jubilación de los países europeos, que están sufriendo ya el fuerte impacto del envejecimiento de la población.
En realidad, con ligeras variantes que en algún caso pueden marcar la diferencia, estas medidas son muy parecidas en todos los países antes citados. De hecho, da la sensación de que la blue card europea, que ahora se negocia, no es más que una adaptación a la UE de la conocida green card norteamericana. Con su “tarjeta azul”, la UE espera competir con los otros tres países señalados en la carrera por conquistar a los mejores cerebros mundiales.
Las autoridades europeas no parecen ver nada sospechoso en su “tarjeta azul”; al contrario, la presentan como una oportunidad para enriquecer a los países de origen de estos inmigrantes de lujo, adonde volverían tras prestar unos cuantos años de trabajo en la UE. En su opinión, se trataría tan sólo de una especie de “circulación de los saberes”. La realidad, sin embargo, es muy distinta; porque, comparadas las condiciones de vida de ambos mundos, raro es el inmigrante que, hallándose bien situado en el Norte rico, se decide a regresar a las miserias de su país; cuanto más si sus condiciones de vida en Europa son de alto nivel y la empresa en donde trabaja se empeña en retenerlo.
Tal vez por esta razón, corroborada por innumerables ejemplos concretos, sindicatos, asociaciones de emigrantes, algunos partidos políticos y hasta la propia Iglesia han acusado a la “tarjeta azul” europea de no ser sino una manera camuflada, pero muy agresiva, de impulsar sin rubor la llamada “fuga de cerebros” de los países pobres, que son precisamente quienes más los necesitan. Se trataría, además, de una medida claramente discriminatoria hacia el resto de inmigrantes, que ven sometidas sus condiciones de vida y de trabajo a trabas burocráticas cada vez más numerosas y pesadas. Antes que buscar fuera trabajadores “a la carta” –dicen– sería mucho mejor garantizar todos los derechos de quienes ya están dentro. Y añaden: en lugar de expoliar de sus riquezas a los países en vías de desarrollo ‑las personas son siempre un espléndido patrimonio, y más si están bien preparadas‑, lo que la UE debería hacer es ofrecerles una ayuda real orientada a fortalecer sus economías, sus democracias y su tejido social, de modo que pudieran competir con garantías en el mercado mundial
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