INMIGRANTES, ¿INVASORES O CIUDADANOS? 2

2. Se dice que vamos a “escoger” el tipo de inmigrantes que necesitamos, para no “sufrir” llegadas de personas de cualquier tipo de cualificación ¿Es esta una buena política? ¿No perjudica a nadie?

En la sociedad española, como en los demás países ricos, se plantea la inmigración simultáneamente como necesidad y como problema. Hace quince años se la suponía problemática para el mercado de trabajo. Hoy –al menos hasta que surgió la amenaza, aún no clara, de crisis económica– se da por sentada su necesidad para cubrir puestos de trabajo en sectores laborales con poca demanda, para aumentar una capacidad contributiva y consumidora afectada por la baja natalidad, etc.

Pero sigue planteándose como problema social por la prensa, los responsables políticos…incluso por quienes elaboran las encuestas de opinión. Se está lejos de considerar el derecho a la movilidad de personas que toman la durísima decisión de dejar a su familia y su tierra, forzados por las condiciones de vida, para poder tener un trabajo con el que vivir dignamente. Planteada la inmigración como necesidad y problema, las instituciones políticas tienden a diseñar políticas de inmigración selectivas. En este sentido, llama la atención la propuesta del Comisario europeo Marco Frattini quien, en octubre de 2007, propuso facilitar la inmigración de profesionales cualificados. Se trata de cubrir nuestra carencia de médicos, enfermeras, maestros, investigadores, ingenieros, etc. A ellos, en su propuesta del pasado mes de octubre, les anima a abandonar sus países, otorgándoles derechos que se les niega a los demás emigrantes, como la obtención de autorización de trabajo –la llamada “tarjeta azul”– en tan sólo 30 días, concesión automática de permiso de trabajo también para su consorte, sueldos garantizados y el libre desplazamiento por todos los países europeos.

Es decir, quienes vivimos en países ricos y necesitamos profesionales cualificados –que no hemos sabido o podido formar aquí– para seguir aumentando nuestra opulencia, escogemos en el mercado globalizado de personas a los que más nos interesan (como se hacía en el pasado en el mercado de esclavos). Aunque ello sea a costa de aumentar la miseria de los países pobres, dado que les quitamos personas a las que han formado dedicando un elevado porcentaje de los pocos recursos de que disponen, y con ellos se van de sus países las esperanzas de un futuro mejor para sus habitantes. Esta actitud es hipócrita. Nos lamentamos de lo mal que están “esos pobres” del Tercer Mundo, incapaces por sí solos de salir adelante, y por eso les mandamos algo de dinero y cooperantes para cubrir sus necesidades. Pero les queremos pagar poco por sus productos, les exigimos altos intereses por lo que les prestamos y, encima ahora, les queremos quitar sus recursos humanos más preparados. Lo más grave es que se deja a las sociedades con menos recursos la carga económica y social de formar a sus profesionales, y aprovechamos el producto final sin compensación alguna para ellas. Y encima pagamos a los profesionales foráneos unos salarios más bajos que a los autóctonos (los médicos y enfermeras procedentes de Ghana han ahorrado a los británicos 103 millones de libras, por ejemplo).

Esta política constituye un verdadero expolio. Con la propuesta de “tarjeta azul” aumentaría la sangría que ya se viene produciendo. Según la OCDE el 34,6 % de los emigrantes tiene estudios superiores. La situación de África es especialmente sangrante, dado que en el conjunto de su población sólo hay un 3% de licenciados, pero de éstos emigra el 42%. Según Intermón-Oxfam, se han ido de Ghana el 60 % de sus médicos. La Organización Internacional de Migraciones pone de manifiesto una tendencia negativa: si en el período 1975-1984 se fueron de África 40.000 cualificados, a partir de los años 90 se van 20.000 cada año. Según el Banco Mundial, de países como Cabo Verde, Gambia o Sierra Leona han emigrado el 50 % de sus licenciados; en Malawi, según la Organización Mundial de la Salud, sólo quedan el 5 % de los médicos que necesitan.

Estas consideraciones previas plantean un dilema. No podemos ni debemos impedir a los licenciados de estos países su libertad de movimiento (como a ninguna otra persona), pero sí podemos dejar de incentivar que personas cualificadas abandonen su país. Más bien hemos de hacer lo contrario: llevar a cabo proyectos de cooperación internacional para que estas personas altamente cualificadas tengan sueldos y oportunidades adecuados para quedarse allí y, además, por cada uno de ellos que finalmente emigre, compensar a sus países económicamente. En todo caso, debemos oponernos a la propuesta del Comisario europeo, pendiente aún de ser refrendada por todos los Estados miembros de la UE.

(A DIA DE HOY, AÑO 2008, EL LECTOR DEBE SABER QUE ESTA PROPUESTA YA HA SIDO REFRENDADA Y ACEPTADA)

Un artículo del periódico L´Observateur, (“Plaga de Burkina Faso”) decía:

“el continente negro ve partir al mismo tiempo a sus brazos válidos en barcas de alto riesgo, y a sus hijos más valiosos a causa de leyes que les incitan a emigrar. Para África, que está en la cola, son combatientes valerosos perdidos para el desarrollo. Y no sabe cómo parar esta hemorragia devastadora”.

En resumen, las políticas migratorias basadas en la selección de migrantes cualificados perjudican a los países que han soportado la carga de la educación y que se verán privados de la aportación social de profesionales competentes. Unas políticas migratorias selectivas, para ser justas, deben compensar esos gastos de educación y fomentar la aportación de los profesionales migrantes a sus países de origen. Y requieren el complemento de políticas de cooperación que fomenten el ejercicio profesional de la población cualificada en sus propios países